La Comisión Europea ha multado a Google con 890 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA) en dos áreas centrales de su negocio: la presentación de resultados en Google Search y las condiciones comerciales de Google Play. La decisión, anunciada el 23 de julio, divide la sanción en 460 millones por favorecer servicios propios en el buscador y 430 millones por restringir la capacidad de los desarrolladores para dirigir a los usuarios hacia ofertas alternativas.
El expediente convierte las obligaciones de la DMA en consecuencias económicas concretas para una de las mayores plataformas digitales del mundo. También afecta a miles de empresas que dependen del buscador o de la tienda de aplicaciones para captar clientes, distribuir productos y cerrar ventas. Google dispone de 60 días para cumplir las decisiones; después de ese plazo se expone a pagos periódicos de hasta el 5% de su facturación mundial.
La resolución llega mientras Google prueba cambios en Shopping, hoteles, vuelos, deportes, publicidad y contenidos relacionados. La Comisión también mantiene abierto el diálogo sobre la aplicación de estos principios a AI Overviews y AI Mode, dos formatos que están transformando la forma en que los usuarios reciben información y visitan fuentes externas.
El buscador entra en una etapa de igualdad verificable
La primera parte de la decisión aborda el llamado favorecimiento propio. La DMA exige que los gatekeepers apliquen condiciones transparentes, justas y no discriminatorias cuando ordenan servicios propios y de terceros. La investigación europea concluye que Google otorgó mayor visibilidad a sus propuestas de compras, hoteles, transporte y resultados deportivos mediante posiciones destacadas, recursos visuales y filtros que otras empresas carecían de capacidad para replicar.
Ese diseño influye directamente en el tráfico y en el coste de adquisición. Un comparador, una agencia de viajes o una plataforma especializada puede cumplir los mismos criterios de relevancia y recibir una exposición inferior por la forma en que se construye la página de resultados. La ventaja se produce antes del clic: ocupa el espacio de mayor atención y condiciona qué alternativas percibe el usuario.
La Comisión exige que los servicios de terceros reciban un trato justo respecto a las propiedades de Google. Para la compañía, el reto abarca algoritmos, interfaces, módulos enriquecidos, documentación interna y mecanismos de auditoría. Para las empresas digitales, la decisión abre la posibilidad de recuperar visibilidad en búsquedas con fuerte intención comercial, aunque el resultado dependerá de las medidas definitivas y de su supervisión.
La referencia a AI Overviews y AI Mode amplía el alcance futuro del caso. Las respuestas generativas condensan información dentro del buscador y pueden reducir las visitas a las páginas que aportan los contenidos originales. La Comisión examinará cómo deben aplicarse los principios de la decisión a esos entornos, una cuestión especialmente relevante para medios, comercios, comparadores y proveedores de servicios profesionales.
Google Play deberá facilitar alternativas comerciales
La segunda infracción se concentra en las reglas de “steering” de Google Play. Los desarrolladores tienen derecho a informar a sus clientes sobre ofertas disponibles en páginas web u otras tiendas, dirigirlos hacia esos canales y formalizar allí la compra. Según la Comisión, las condiciones de Google limitaron esa comunicación y mantuvieron comisiones asociadas durante un periodo y con una cuantía superiores a lo admitido por la DMA.
La diferencia tiene impacto sobre el margen de suscripciones, contenidos digitales y servicios vendidos desde aplicaciones. La posibilidad de presentar una tarifa web, gestionar el pago mediante una infraestructura propia o elegir otra tienda modifica la relación económica entre plataforma, desarrollador y cliente. También obliga a cada empresa a valorar la conversión, el fraude, el soporte, la fiscalidad y la experiencia de usuario de cada canal.
Google tendrá que habilitar esa libertad tanto en sus contratos como en el funcionamiento técnico de la tienda. El cumplimiento puede traducirse en nuevas interfaces, enlaces externos, mensajes dentro de las aplicaciones y condiciones de facturación. La Comisión reconoce avances en los cambios ya desplegados por la compañía, aunque evaluará su adecuación a la orden de cese.
Las empresas con aplicaciones en Europa deberían revisar sus contratos de distribución, sus flujos de pago y la forma en que comunican ofertas externas. La nueva capacidad comercial también exige gobierno operativo: atribución correcta de ventas, tratamiento coherente del consentimiento, protección del dato y atención posventa entre varios canales.
La DMA pasa de la norma al diseño de producto
La sanción demuestra que el cumplimiento regulatorio alcanza decisiones técnicas cotidianas. El orden de una página, el tamaño de un módulo, un filtro, un enlace o la duración de una comisión pueden determinar si una plataforma respeta las obligaciones de acceso justo. Los equipos jurídicos necesitan trabajar junto a producto, ingeniería, analítica, ventas y experiencia de usuario desde las primeras fases de diseño.
Para los gatekeepers, la trazabilidad adquiere un peso decisivo. Cada cambio relevante debe quedar documentado con criterios de ranking, pruebas comparativas y evidencias de impacto sobre terceros. Los reguladores podrán contrastar las promesas de cumplimiento con el comportamiento real del producto y con la experiencia de empresas que compiten dentro de la plataforma.
La decisión también envía una señal al mercado cloud y a otras infraestructuras digitales sometidas a escrutinio europeo. Bruselas ya analiza el papel de grandes proveedores en el marco de la DMA, un asunto tratado anteriormente en Exdesis en el artículo sobre la posible consideración de AWS y Azure como gatekeepers. El criterio común es la capacidad de una plataforma para fijar condiciones de acceso en mercados donde empresas y clientes dependen de sus reglas.
Google puede recurrir las decisiones, mientras la Comisión seguirá evaluando las medidas propuestas. Los próximos 60 días ofrecerán la primera prueba práctica: cambios visibles en Search y Play, oportunidades comerciales para terceros y un precedente sobre cómo se aplicará la DMA a productos digitales que evolucionan con rapidez.
